Hoja informativa: Reducir el límite máximo del impuesto sobre los ingresos en la Constitución estatal es un mal acuerdo para los habitantes de Carolina del Norte

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La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó un proyecto de ley para llevar a votación en noviembre una enmienda constitucional que, de ser aprobada por los votantes, reduciría la tasa máxima permitida del impuesto sobre los ingresos al 3.5 por ciento. La constitución estatal ya limita la tasa máxima del impuesto sobre los ingresos, pero este nuevo límite, aún más bajo, consolidaría los beneficios fiscales para las personas ricas y las corporaciones que obtienen grandes ganancias.

Impediría que los futuros legisladores elijan opciones de cobro de impuestos justas cuando sea necesario. No tendría un efecto inmediato en la cantidad que pagan las personas en impuestos, ya que la tasa del impuesto sobre los ingresos personales ya bajará al 3.49 por ciento en 2027. La tasa del impuesto sobre los ingresos de las corporaciones ya se encuentra en el 2 por ciento y se eliminará por completo para el 2030, a menos que los legisladores cambien de rumbo.

Carolina del Norte se enfrenta a costos crecientes, y los habitantes de este estado quieren que sus líderes electos financien aquellas medidas que mejoren sus vidas a través de servicios de cuidado infantil, vivienda y atención médica a precios accesibles. También esperan inversiones que conecten a sus familias y vecinos con oportunidades a través de excelentes escuelas públicas, universidades públicas y colegios comunitarios económicamente accesibles.

UN LÍMITE MÁXIMO DEL 3.5 % AL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN ESTATAL:

Afirmaría aún más a Carolina del Norte en un sistema tributario al revés que beneficia a los súper ricos y a las corporaciones que obtienen grandes ganancias

En lo que se refiere a los impuestos estatales y locales, Carolina del Norte ya cuenta con un sistema tributario al revés que exige más a las familias que menos recursos tienen. El 1 % de los hogares más ricos de nuestro estado gana, en promedio, mucho más de $1 millón al año, pero paga solo el 6 % de sus ingresos anuales en impuestos estatales y locales. Mientras tanto, el hogar promedio del 20 % más pobre, que gana menos de $22,000, sigue pagando el 11 % en impuestos —una proporción casi el doble de la de los millonarios.

Esta enmienda fijaría un límite del 3.5 por ciento en el impuesto sobre los ingresos personales, lo que impediría a los legisladores restablecer un sistema tributario más equitativo que exija a las personas ricas pagar una tasa más alta. Reducir los impuestos sobre los ingresos de las corporaciones es un mal acuerdo para Carolina del Norte, ya que más del 90 por ciento de los beneficios tributarios van para personas fuera del estado, principalmente accionistas corporativos y ejecutivos ricos.

Unos límites más estrictos al impuesto sobre los ingresos también implican una mayor dependencia de fuentes de ingresos más regresivas, como los impuestos sobre las ventas, las multas y las tarifas. Las personas con ingresos más bajos gastan una parte mucho mayor de sus ingresos en compras afectadas por el impuesto sobre las ventas que las personas ricas, y estos impuestos ya representan una parte cada vez mayor de los ingresos estatales. Reducir el límite máximo del impuesto sobre los ingresos hará que estas malas decisiones se mantengan.

Dificultaría que nuestro estado proporcione servicios públicos adecuados y pondrá en riesgo nuestra calificación crediticia

Al reducir el límite máximo del impuesto sobre los ingresos del 7 por ciento al 3.5 por ciento, esta enmienda impediría que nuestro estado genere más de $14 mil millones en ingresos públicos anuales —una cantidad que aumentará con el tiempo.

Las familias de Carolina del Norte ya están sintiendo las consecuencias de mantener bajos los impuestos para unos pocos ricos y para las corporaciones que obtienen grandes ganancias: aumentos en las cuotas de las matrículas académicas en todo el sistema de la UNC, maestros que abandonan nuestras escuelas públicas para ocupar puestos en Virginia donde se les paga casi el doble, un número récord de cierres de programas de servicios de cuidado infantil y más. Con un sistema tributario adecuado y justo, nuestro estado podría hacer frente a estos problemas y facilitarnos la vida a todos, pero un límite máximo del 3.5 por ciento en el impuesto sobre los ingresos haría que eso fuera prácticamente imposible.

Cuando se establecen límites al impuesto sobre los ingresos en la constitución estatal, también pueden perjudicar la calificación crediticia del estado, lo que encarece el costo de los préstamos que los gobiernos solicitan para infraestructura y proyectos similares. Las principales agencias de calificación crediticia de EE. UU. señalan los límites constitucionales a los impuestos como un factor negativo para las calificaciones de los bonos, ya que restringen severamente las opciones del gobierno para pagar los préstamos. No es de extrañar que las investigaciones hayan revelado que cuanto más restrictivos son los límites de impuestos estatales, menores son las calificaciones crediticias y mayores los costos de endeudamiento.

Limitaría la capacidad de acción de los legisladores en el futuro e impediría que rindan cuentas ante sus electores

Si se reduce el límite máximo del impuesto sobre los ingresos establecido en nuestra constitución estatal, será extremadamente difícil revertir esa medida. Durante la recesión de la década de 2000, los legisladores de Carolina del Norte pudieron aumentar temporalmente los impuestos sobre los ingresos de las personas más adineradas, lo que alivió la presión sobre los gobiernos locales y generó millones de dólares en fondos para apoyar a las escuelas públicas que enfrentaban déficits presupuestarios. Las investigaciones han demostrado que, si la meta es la salud económica a largo plazo, aumentar los impuestos a las personas con ingresos elevados es una mejor estrategia que los recortes de gastos durante una recesión.

Una reducción del límite de impuestos ataría de manos a los legisladores, limitando sus herramientas para responder a las necesidades de sus electores mediante fondos públicos generados a través de políticas tributarias que exijan a los ricos y a las corporaciones que obtienen grandes ganancias pagar la parte que les corresponde. En un momento en que el estado se enfrenta a costos crecientes debido a los recortes federales en atención médica y asistencia alimentaria, y en que los niveles actuales de financiamiento no cubren las necesidades, un límite más bajo también obstaculizaría la capacidad de los futuros líderes electos para tomar decisiones políticas diferentes a las equivocadas que se están tomando hoy.

Aumentaría la presión sobre los gobiernos locales —especialmente en los condados rurales—, mientras que la enmienda al impuesto sobre la propiedad podría limitar las opciones locales

Los ingresos estatales son una fuente importante de fondos para muchos condados y ciudades, por lo que un límite al impuesto estatal sobre los ingresos tendrá efectos en cadena en los servicios locales. Al menos un tercio de los condados de Carolina del Norte, que son en su gran mayoría rurales, dependen de los fondos estatales para más del 15 por ciento de su presupuesto anual. Estos condados serán los más afectados cuando los legisladores estatales no puedan ajustar la política del impuesto sobre los ingresos para satisfacer las necesidades de financiamiento. Ante un apoyo estatal limitado, los gobiernos locales tendrán aún menos opciones si los legisladores también aprueban límites al impuesto sobre la propiedad.